Denuncian a Pabel Muñoz por presunta concusión en el caso de supuestos cobros de vacunas en el Municipio de Quito

El activista político Juan Esteban Guarderas formalizó este lunes, 19 de octubre una denuncia penal contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por el presunto delito de concusión, en el marco de un caso relacionado con supuestos cobros de ‘vacunas’ a funcionarios municipales. Según el denunciante, los recursos habrían sido destinados a financiar la campaña de reelección del alcalde.

Guarderas acudió a la Fiscalía General del Estado acompañado del abogado Pablo Sempértegui. Según explicó, en la recopilación de información participaron el colectivo ciudadano Vértice, la Fundación Lucha Anticorrupción y el portal de noticias Visionarias.

Aseguró que cuentan con pruebas que, a su criterio, respaldarían los señalamientos.

El activista indicó que, hasta el momento, se han conocido dos testimonios relacionados con el caso, aunque anticipó que podrían surgir nuevas revelaciones.

Entre los elementos que forman parte de la investigación, mencionó videos de presuntos pagos, conversaciones que evidenciarían la supuesta obligatoriedad de las contribuciones bajo amenaza de perder el empleo y cobros extraordinarios, como rifas o bingos que habrían sido impuestas a los funcionarios.

Guarderas también aseguró que disponen de audios, información bancaria y nombres de personas que presuntamente habrían participado en el esquema. “Sabemos quiénes han pedido dinero, quiénes han sido los recaudadores y cuáles eran los fines del dinero”, sostuvo el activista.

El activista hizo un cálculo sobre la posible dimensión económica de los cobros. Según indicó, en el Municipio de Quito habría unos 7.000 funcionarios de libre remoción y, bajo un escenario hipotético en el que 1.000 de ellos hubieran entregado $ 80 mensuales, la recaudación alcanzaría los $ 80.000 al mes.

Con ese supuesto, el monto ascendería a $ 960.000 al año, una cifra cercana al millón de dólares.

Sostuvo que esos recursos habrían sido suficientes para financiar una campaña electoral de gran escala. Sin embargo, aclaró que se trata de una estimación basada en las cifras planteadas por él y no de un monto de recaudación comprobado.

Guarderas anuncia acciones penales, administrativas y electorales

El activista señaló que impulsará tres vías legales en este caso, al que se ha denominado ‘Vacunas’.

La primera corresponde al ámbito penal y será canalizada a cargo de la Fiscalía General del Estado, que deberá investigar los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades.

La segunda apunta a posibles responsabilidades administrativas que podrían ventilarse en la Contraloría General del Estado.

Guarderas afirmó que los presuntos cobros se habrían realizado en instalaciones y dependencias del Municipio de Quito, así como en entidades vinculadas, entre ellas la empresa de pasajeros. También sostuvo que algunas de estas actividades habrían ocurrido durante la jornada laboral, lo que, a su juicio, podría implicar el uso de tiempo de trabajo y recursos públicos para favorecer campañas electorales.

Como tercer mecanismo, anunció que esta semana acudirá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para presentar una denuncia relacionada con el presunto financiamiento irregular de la campaña de reelección de Muñoz.

Según Guarderas, el supuesto uso de recursos de origen ilícito generaría una ventaja para una candidatura frente a otras.

En ese contexto, recordó que el Código de la Democracia contempla disposiciones sobre la licitud del financiamiento electoral y las responsabilidades de los candidatos respecto de los fondos de campaña.

Citó el artículo 281 de esa normativa y afirmó que una eventual comprobación de financiamiento ilegal podría derivar en sanciones que afecten los derechos de participación política del alcalde.

“Y si es que se corrobora que había financiamiento ilegal en la campaña de Pabel Muñoz, él no podrá ser candidato o no podrá ser alcalde”, sentenció.

Los denunciados y los delitos que habrían cometido

La denuncia penal presentada contra el alcalde Muñoz también incluye a otras tres personas, cuyos nombres completos fueron incorporados en el expediente, así como una lista de testigos y de personas que aparecerían mencionadas en los chats relacionados con los presuntos cobros ilegales, explicó el abogado Pablo Sempértegui.

Según el jurista, la denuncia plantea, en primera instancia, el presunto delito de concusión y, de manera secundaria, el de cohecho. El primero se configuraría, según su argumento, porque desde la Alcaldía se habrían exigido aportes económicos a funcionarios municipales bajo la supuesta amenaza de despido.

Sempértegui aseguró que decenas de funcionarios habrían decidido aportar sus testimonios para que se investiguen los hechos y se determinen las posibles responsabilidades.

En cuanto al presunto cohecho, el abogado sostuvo que este delito también debería investigarse debido a que los aportes habrían sido exigidos bajo presión y recaudados directamente por funcionarios de alto nivel.

El jurista señaló que en el proceso se identificarán las personas que constan en la denuncia, entre ellas, presuntamente, gerentes de empresas municipales y otros funcionarios. Asimismo, afirmó que el supuesto beneficiario final de los recursos habría sido Pabel Muñoz para financiar su campaña. Estas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

El abogado indicó que solicitaron a la Policía Nacional y a la Fiscalía General medidas para proteger a los testigos del caso.

Según relató, algunos de ellos estarían recibiendo intimidaciones en redes sociales, mientras que otro habría sufrido un incidente en el que un objeto fue lanzado contra el vidrio de su vehículo. (I)